El Concepto del Derecho de Integración

La Integración

La integración, formando parte del derecho internacional público, es la “[f]usión de ciertas competencias estatales en un órgano superestatal o supranacional.”[1] La integración no debe restringir la soberanía de las partes que acuerdan establecer un órgano supranacional.

“La integración dirigida no requiere que ninguno de ambos gobiernos deje de perseguir políticas industriales y sociales que considere sean de interés, nacional, en tanto no frustren las tendencias integradoras.”[2]

La integración resulta en entes o gremios internacionales los cuales se dedican a establecer normas dirigidos a Estados con un propósito especifico.

La Integración Económica

Generalmente, cuando se habla de la integración, se refiere a la integración económica, ya que este propósito es el que más influye en la integración de naciones independientes. La integración económica está compuesta del comercio, del flujo de capital, del flujo de personas o labor y también la abolición de barreras al comercio libre. La integración económica puede tener uno de dos propósitos: el establecimiento de un mercado común o una área de comercio libre. Esta toma ventaja de la proximidad geográfica y la naturaleza complementaria del desarrollo económico y tecnológico entre países vecinos. Puede estar filosóficamente opuesta a la estimulación de ciertas industrias, limitación de algunas importaciones, y a la imposición de salarios mínimos, entre otras.

El Derecho de la Integración Económica

Si bien se ha definido la integración y la integración económica, el derecho de la integración o integración económica seria el conjunto de normas que regulan la conducta de los Estados en cuanto a la integración o integración económica. Es decir, son las normas nacionales e internacionales que rigen la actuación del Estado en relación con todas áreas de la integración. Por ejemplo el comercio, los aranceles, o el flujo de personas. Estas normas serán explicadas y discutidas posteriormente.[3]

Orígenes

El derecho de la integración es relativamente nuevo. Desde las épocas romanas y las épocas anteriores, los Estados y las naciones han intentado unificarse con sus vecinos; o sea por la fuerza, o por medio de tratados y convenios. Los romanos se unieron con los pueblos latinos para conquistar a los vecinos de Italia, antes de la desintegración del imperio romano. Por otro lado en los años de 1800s y 1900s algunos países europeos que también intentaron dominar el continente europeo, sus aspiraciones no se basaban en la integración, sino en el establecimiento de un gobierno estatal sobre otras naciones.

Antes de la segunda guerra mundial se estableció la Liga de Naciones, esta organización no tuvo mucho éxito en sus esfuerzos de unificación. En 1945 fue establecido las Naciones Unidas, sobre la aprobación de la Carta en San Francisco, enfocándose en el reconocimiento de los derechos humanos y también el principio de autodeterminación de las naciones.[4] Además de los propósitos de mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y la libre determinación de los pueblos, vemos que tiene también como propósito la realización de la cooperación internacional para solucionar problemas internacionales de carácter económico, social cultural o humanitario.[5] Los órganos establecidos por las Naciones Unidas incluyen la Asamblea General, la cual tiene la responsabilidad de legislar, el Consejo Económico Social, y la Comisión de Derechos Humanos. Se pueden añadir también el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia.

Aunque el órgano superestatal de las Naciones Unidas pudiera formar base del estudio del derecho de la integración, más interesantes son las agrupaciones regionales. En esta época de globalización, los entes regionales forman parte integral del desarrollo económico de una nación. En 1948 se estableció la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.), creada para coordinar los planes nacionales de utilización de la ayuda norteamericana y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros.[6] También se establecieron gremios comerciales internacionales para el manejo de intereses comerciales especificas. Por ejemplo: en 1954 se estableció en Europa la Comunidad Europea de Carbón y Acero, en 1957 se estableció la Comunidad Económica Europea y posteriormente, en 1960, América Latina tomó los pasos para la integración económica y estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), por medio del Tratado de Montevideo. Posteriormente, se estableció, en 1969, el Grupo Andeano, constituido de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Durante la década de los años 1970 no hubo gran movimiento o progreso en el establecimiento de un mercado común en América Latina. En 1980, el segundo Tratado de Montevideo, fue firmado por las naciones americanas, estableciendo la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Esta asociación enfatizó los intereses particulares de los estados miembros, en ves de enfatizar la importancia de integración regional.[7]

Objeto de Tutela

Si bien el objeto de tutela del derecho de integración es el establecimiento de un órgano superestatal o supranacional el cual tiene jurisdicción sobre ciertas áreas de interés común, se tendrá que concluir que la región de América Latina no ha logrado establecer los órganos superestatales necesarios como lo ha logrado la comunidad Europea. Los movimientos de integración en América Latina se ha dedicado al establecimiento de los propósitos de la integración y los métodos por el cual los Estados Americanos lo puedan lograr. En la Integración Económica el derecho regula las áreas nacionales de transporte, derecho aéreo, la libre circulación de trabajadores, el movimiento libre de comercio, la eliminación de aduanas o impuestos; la integración requiere de una coordinación de la macroeconomía y política de los Estados en las áreas de relaciones exteriores, agraria, industria, fiscalización, el sistema monetario, entre muchos más.

La Comunidad Europea

En Europa vemos que la Integración también se ha basado en las necesidades económicas del establecimiento de un mercado común, además del establecimiento de los órganos superestatales para dirigir la región. Esta integración no es solamente una mera unión aduanera o un organismo internacional, pero tampoco constituye un Estado unitario, siquiera una formula de federación.[8]

Para lograr estos fines de la integración, ha sido necesario tomar en cuenta los siguientes tres requisitos:

No se debería imponer derechos de aduana o impuestos sobre la exportación;

La integración regional tiene como objetivo aumentar la movilidad del trabajo y del capital;

La eliminación total de los controles en fronteras.

Europa ha logrado establecer los órganos básicos de integración, los cuales son la Comisión, el Consejo, el Parlamento, y el Tribunal de la Justicia Europea. Estos órganos superestatales han logrado tener el poder de legislar y establecer un proceso legal supranacional. La Comisión es un servicio civil de la Comunidad Europea, dividido en varios departamentos. Este órgano toma en consideración las opiniones políticas y de las principales asociaciones comerciales europeas. El Consejo es el órgano legislativo básico de la Comunidad, compuesto por ministros de los diversos Estados que lo forman. Este aprueba normas legislativas mediante proceso de votación, aunque en la practica la mayoría de las normas se adoptan por unanimidad. El Parlamento tiene un papel consultivo, ya que el Consejo busca su opinión sobre la mayoría de la legislación regional. El Parlamento esta compuesto aproximadamente de 519 miembros, los cuales son elegidos directamente.[9] Finalmente, el Tribunal de Justicia es la corte suprema en Europa, al cual pueden recurrir tantos Estados como particulares en casos de violación de los Tratados o derechos establecidos en el Tratado de Roma y posteriormente adoptado por las legislaturas nacionales.

Como resultado de la integración económica de Europa, las ultimas décadas han observado el crecimiento del estudio de federalismo fiscal, o la coordinación de políticas fiscales en estructuras multijurisdiccional. A partir de los años 1970, los economistas y gobernadores han analizado los problemas del doble imposición y coordinación bilateral de los impuestos, ya que esto pueda afectar la integración económica y el flujo libre de comercio y personas.

“… [E]n estos últimos años, la existencia de una serie de movimientos de integración económica a nivel internacional, entre los que destaca la Comunidad Económica Europea, ha propiciado un interés creciente de los hacendistas por estas cuestiones, que se ha plasmado en las primeras elaboraciones de teorías destinadas a analizar los problemas fiscales relativo a estas integraciones, y en particular a delimitar las distorsiones fiscales que pueden presentarse, y a ofrecer formulas alternativas para evitarlas.”[10]

Estas distorsiones puedan constituir un obstáculo para la consecución de un mercado común. La armonización fiscal requiere la adopción de un conjunto de medidas que contribuyen a eliminar distorsiones “a través de una cierta integración parcial de la actividad financiera de los países miembros.”[11] Esto requiere tanto instrucciones comunitarias, como el traslado a las respectivas legislaciones nacionales de los Estados Europeos.

Basándonos en la integración europea veamos que la integración tiene como objeto la tutela de los aspectos del derecho económico, comercial, fiscal o financiero, tanto como el establecimiento de órganos superestatales.

La Integración en América Latina

El Tratado de Montevideo efectuado en 1960, el cual creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, tuvo como propósito el establecimiento de un mercado común en América Latina. Este Tratado tuvo como aspiración expandir los mercados y el libre comercio, por medio de la abolición de protecciones nacionales, la abrogación de aranceles, y la eliminación de restricciones. Estos requisitos se basaban en los tratados de GATT. Pero, debido a la oposición a la integración en el sector privado y los problemas políticos de varias naciones americanas, estas ambiciones nunca se cumplieron.

Los países Latinoamericanos resolvieron, en el Tratado de Montevideo de 1980, establecer medidas de integración por medio de la baja de precios de los aranceles, entre los países americanos. Las relaciones interamericanas se basarían en un sistema bilateral o multilateral de tratados o convenios; en vez de un sistema global de América Latina. El propósito del Tratado fue establecer un proyecto regional de la promoción y regulación de comercio bilateral y el desarrollo económico cooperativo.[12]

Los países de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay decidieron integrarse económicamente. En el preámbulo del Tratado de Asunción, el cual establece el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), veamos los propósitos de la Integración:

“CONSIDERANDO que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social;

ENTENDIENDO que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio;

…

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye una respuesta adecuada a tales acontecimientos;

CONCIENTES de que el presente Tratado debe ser considerado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración en América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980;

….”[13]

Esta integración tiene como objetivo la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercancía. También provee el establecimiento de un arancel externo común, además de la adopción de una política comercial común con relación a terceros, entre otras. Finalmente, tiene como objetivo la armonización de legislación en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. [14]

Estos objetivos y propósitos del MERCOSUR son aplicables, por la mayoría, a los demás tratados y relaciones internacionales en América Latina, para establecer relaciones de integración.

Fuentes del Derecho de Integración

El derecho de Integración tiene como fuente primordial los tratados y convenios internacionales entre Estados, los cuales establecen las relaciones de integración. Además, cuando el convenio resulta, como en Europa, en entes u órganos superestatales, estos mismos pueden legislar para las naciones afectadas.

La Comunidad Europea

En la Comunidad Europea, la fuente primera de legislación comunitaria es el Tratado de Roma. En el proceso legislativo de la Comunidad Europea, la Comisión prepara la legislación, el Consejo lo revisa y lo aprueba, y donde sea requerido lo pasan al Parlamento para su aprobación.[15] Toda legislación secundaria, preparado y adoptado por el Consejo, obliga a su cumplimiento a los Estados miembros. Esto no requiere adopción de una legislatura nacional concordante para que la legislación se haga efectiva. En cambio, los directivos si requieren que los Estados miembros adoptan las reformas necesarias para que sus leyes estén de acuerdo con las leyes de la Comunidad.[16] Los miembros tienen un plazo previsto para efectuar los cambios necesarios, y la falta de cumplimiento, pueda resultar en un caso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Todas las decisiones del Tribunal de Justicia son de cumplimiento obligado.

Concluimos de lo anterior que en Europa existen fuentes directas del derecho de la integración tanto de legislación nacional como superestatal, y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

La Integración en América Latina

La base de la integración, y del derecho de la integración, en América Latina es el Tratado de Montevideo de 1980. Este tratado supera los efectos del tratado anterior, de 1960. Pero este convenio establece que las relaciones de integración en América Latina serán por convenios y tratados bilaterales y multilaterales. Basándose en estos tratados, los países de América Latina han establecido relaciones, como por ejemplo MERCOSUR y el Protocolo de Guatemala, sobre la integración de América Central. Estos convenios requieren legislación nacional para surgir efecto.

Antes de concluir nuestra discusión sobre las fuentes del derecho de integración, nos parece conveniente dirigirnos a las fuentes del derecho de integración especificas de Panamá.

Fuentes del Derecho de Integración en Panamá

Panamá ha participado en varias Cumbres de las Américas desde 1991. La ultima de estas se llevo a cabo en Abril del presente año en Santiago de Chile. Estas reuniones de los jefes de los estados americanos ha resultado en declaraciones ministeriales o presidenciales, las cuales no tienen efecto legal para las partes, pero si surge efecto político. En la declaración ministerial de San José, Costa Rica, el 19 de marzo de 1998, los ministros reafirmaron su compromiso a los trabajos preparatorios para las negociaciones de la área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). También reconocieron la ampliación de los acuerdos subregionales y bilaterales de integración y de libre comercio existentes, además de las medidas unilaterales de liberalización del comercio adoptadas por algunos países. En estas declaraciones se establecen las áreas importantes en la negociación, siendo acceso a mercados; inversión; servicios; compras del sector público; solución de controversias; agricultura; propiedad intelectual; subsidios; antidumping y derechos compensatorios; y política de competencia.[17] Se espera que al final de las negociaciones, firman un tratado a escala regional, la cual resulta en un área de libre comercio en las Américas.

Otras fuentes particulares del derecho de integración para Panamá son el “Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia”,[18] firmado en julio de 1993, y el “Tratado General de Integración Económica Centroamericana”.[19] Además, Panamá y Chile están negociando un tratado bilateral de libre comercio, el cual pareciera que esta a punto de concluirse.[20] De controversia en estas negociaciones están la libre circulación de servicios financieros y las inversiones, dado a que Chile tiene un sistema bancario cerrado.

Cualesquier tratado de libre comercio o integración firmada por Panamá requiere la aprobación del órgano legislativo para tener efecto. Aunque el tratado tenga efectos políticos y económicos para Panamá, hasta que sea adoptado por la legislativa, no tiene poder de ley en Panamá.

Las Fuentes del Derecho de Integración

En conclusión de esta parte, debemos destacar que las fuentes del derecho de integración son los convenios y tratados internacionales, la legislación superestatal y nacional, la jurisprudencia de órganos jurídicos superestatales y nacionales, y los acuerdo bilaterales y multilaterales. Como el derecho de integración es una rama nueva del derecho, todavía no se ha establecido la fuente de costumbre como una fuente real del derecho de integración. Sin embargo, la globalización tiene como resultado una teoría de la integración económica que pueda influir el desarrollo de este nuevo ramo de derecho.

Ramo del Derecho

El Derecho de Integración e Integración Económico forma parte del Derecho Público, ya que se dedica a la fusión de competencias estatales en un órgano u órganos superestatales o supranacionales. Es el conjunto de normas que coordina la actuación de Estados. Sin embargo, el derecho de integración también afecta otros ramos de derecho, como el derecho económico, el derecho financiero, el derecho mercantil, entre otros, ya que tiene como objeto de tutela la regulación o establecimiento de órganos superestatales dedicados a estas áreas especificas. También, tiene propósitos sociales, ya que como destaca el Acuerdo de Alcance Parcial entre Panamá y Colombia, un fin de la integración es “facilitar el desarrollo integral de las sociedades de los dos países.”[21]

Conclusiones

El desarrollo del derecho de integración en América Latina no ha tenido el éxito de la integración europea, la cual está examinando temas más profunda que las temas considerados en las regiones interamericanas. Estas temas son una moneda unitaria para Europa, la armonización de la fiscalización, y otras programas del mercado común de Europa, además de una estructura superestatal ya establecida. América Latina carece de esta organización y unificación.

Las razones por el cual América Latina carece del desarrollo del derecho de integración como lo hemos estudiado en Europa son abundantes. Europa tiene una evolución histórica distinto a América Latina, la cual ha resultado en una filosofía desigual de los Estados y particulares en Europa. En las últimas tres décadas, la integración regional nunca ha tenido una ubicación como prioridad para la independencia nacional. No ha funcionado como guía para la macroeconomía de los países americanos, a despecho de las promesas oficiales y las manifestaciones a su favor. Condiciones especificas, tanto políticas como económicas, siempre prevalecen sobre las experiencias de construir una comunidad común en América Latina. Los intereses nacionales, como las protecciones, subsidios, y reservas, han dominado la política internacional en la región. Los éxitos en América Latina para el derecho de integración se han limitado a tratados bilaterales o multilaterales, como el MERCOSUR.

Finalmente, quisiera destacar que la tema del desarrollo del derecho de la integración relacionada específicamente a la República de Panamá, formaría un trabajo repleto. Esta tema no se ha podido perfeccionar en esta labor. Panamá es la primera nación de América Central que firmará un tratado de libre comercio con Chile, además de tener una posición económica favorable en América Central. La integración de Panamá con el hemisferio Americano constituye un complemento necesario para superar los problemas pendientes y obtener un mejor grado de desarrollo económico y social. Además, ofrece a Panamá la oportunidad de expandir sus servicios financieros y obtener más inversiones internacionales en la economía nacional.

Bibliografía

Libros

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